PHOENIX, AZ.- En su afán por “legitimizar” una de sus banderas de su discurso de campaña, al afirmar que los inmigrantes son “criminales”, el presidente de Estados Unidos Donald Trump elimina las prioridades de deportación, poniendo a la comunidad inmigrante en latente peligro, advierten analistas.
“Estamos muy preocupados por los cambios en esta administración, están deportando a personas que no son de alta prioridad, como dice la frase, están tomando las frutas del árbol que están más su alcance, que son los padres de familia y la gente trabajadora”, advirtió a Inmigracion.com Lydia Guzmán, directora del comité de inmigración de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Arizona.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el mandato de Trump, hizo cambios, y las prioridades de deportación alcanzan a todos los inmigrantes. Anteriormente se consideraba una prioridad los casos que amenazaban a la seguridad nacional, migrantes con condenas penales o felonías, quienes no atendieron una orden previa de expulsión, o que reingresaron al país después de ser deportados.
“Ahora están deportando a los padres que llevan a sus hijos a las escuelas, o que acompañan a sus menores en los hospitales, personas que no son peligrosas para la comunidad, aquí vemos la cobardía con la que actúa esta administración”, declaró Guzmán.
Consultada por inmigración.com, la analista política Carmen Cornejo, aseguró que con este “dramático” cambio de política, el DHS restringe severamente la capacidad de los agentes de inmigración y de los tribunales para ejercer la discreción procesal o para considerar la situación de la persona al tomar decisiones sobre cada caso.
“Es un esfuerzo muy grande de criminalizar a los inmigrantes y hacerle pensar a los ciudadanos estadounidenses que están deportando delincuentes, pero la gente que están deportando no tiene pasado criminal, algunos no tienen nada”, indicó.
Según el estudio del American Immigration Council, entre el 25 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2017, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó 110.568 arrestos, un 42 por ciento más de los 77.806 arrestos llevados a cabo durante el mismo período en 2016.
Las primeras cifras dadas a conocer por la oficina local de ICE en San Diego, que también cubre el condado Imperial, reveló que la mayoría de los arrestos, cerca del 72 por ciento, eran de personas sin cargos criminales. Entre octubre y diciembre de 2017, los oficiales de inmigración arrestaron a 1.622 personas sin antecedentes penales y a 637 personas con antecedentes.
Cornejo mencionó que una vez que Trump asume la administración del país, hace un cambio de política pública, donde todos los inmigrantes se vuelven una prioridad.
“Es algo engañoso, la prioridad se elimina y todo los indocumentados se vuelvan prioridad. Barack Obama se encargó de sacar del país a los inmigrantes con felonías, pero desgraciadamente dejó la maquinaria de deportación lista para ser usada a discreción de Trump”, explicó
Advirtió que la creciente ola de deportaciones de personas sin antecedentes penales es un claro ejemplo de que el presidente Donald Trump está pasando sobre un estado de derecho.
“Eso es lo más peligroso, la negación del proceso legal que se debe seguir, es una afrenta a los derechos personales y a la Constitución de Estados Unidos, que al no respetarse en cierta manera pueden lesionar el derecho de los ciudadanos”, aclaró.
Cornejo indicó que DHS clasifica a las personas como “delincuentes” incluyendo a personas con problemas menores de tráfico vehicular, delitos de inmigración, que son cargos civiles, no criminales, así como posesión de drogas, que no se compara con el delito de tráfico de drogas, lo que hace que la contabilidad sea engañosa.
“La maquinaria de deportación se vuelve más agresiva, porque no están considerando los que no tienen pasado criminal, es una forma de atemorizar a grupos y comunidades con estos ataques”, sostuvo.
Por su parte, Guzmán dijo que a raíz de esta problemática que lacera los derechos de los inmigrantes, urge la necesidad de una Reforma Migratoria “justa”. “Esta no es la manera de controlar la migración, separando familias no lo van a lograr, solo están atormentando a una comunidad, las familias en vez de salir al parque, al cine, a los centros comerciales, se están quedando en sus casas por temor, lo que también afecta a la economía”, destacó.