La senadora Catherine Cortez Masto (D-Nev.) copatrocinó un proyecto de ley presentado por el senador Martin Heinrich (D-N.M.) para proteger los datos privados de los jóvenes migrantes inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
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Miles de migrantes de la caravana prosiguen su dura travesía por el sureste de México a pie o a bordo de vehículos, mientras que casi 3.000 esperan en la frontera la visa humanitaria que empezó a otorgar, a cuentagotas, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La determinación de cancelar el TPS no solo tiene un impacto negativo para las familias inmigrantes, sino también para la economía del país. Una prueba de ello es la difícil situación que viven Flor Campos y su esposo, José Maldonado, residentes en Las Vegas, quienes hace 18 años dejaron El Salvador para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos.
Los más de 57 mil hondureños y 2 mil 550 nicaragüenses tienen hasta la noche de este martes 13 de febrero para asegurar la re-inscripción al Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés.
Con la consigna de “no secuestren DACA”, centenares de “dreamers” se comprometieron a tomar acciones esta semana después de marchar al Edificio Federal de Los Ángeles para exigir que el congreso alcance un acuerdo sobre una propuesta de ley Acta del Sueño antes de que venza el nuevo plazo del 8 de febrero.
Vicky Chávez y sus dos hijas están alojadas en la Primera Iglesia Unitaria, una decisión que la hondureña tomó a última hora, incluso después de haber comprado los pasajes para regresar a su país
Andrew Anderson, de 33 años y nacido en Trinidad, pero residente en Miami desde hace una década, fue abordado al interior de un autobús de la compañía Greyhound por agentes de CBP durante una redada realizada el pasado jueves, y al no poder probar su estatus migratorio fue sacado del vehículo y detenido
La red de 18 consulados de El Salvador en Estados Unidos, y la embajada en Washington, han recibido la asistencia masiva de más de 3.200 de sus connacionales en solo tres días para re-inscribirse por 18 meses más, y por última vez, en el Estatus de Protección Temporal, TPS.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) encabezó el fin de semana en San Diego un acto con dreamers para presionar al congreso a rechazar más prórrogas a la aprobación del presupuesto federal, y definir la situación de los dreamers.
El cónsul de México en McAllen, Eduardo Bernal, confirmó la decisión del Gobierno de México de apoyar a los ‘soñadores’ de origen mexicano que no cuenten con recursos económicos para renovar su inscripción en el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA), proporcionándoles los $495 dólares que se requieren para pagar el trámite.
La abogada de inmigración Dulce Miriam García, dreamer mexicana, espera que, si el congreso falla en apoyar a los 800 mil jóvenes soñadores, una demanda que ella le interpuso al presidente Donald Trump impida que la administración desmantele el programa de Acción Diferida para quienes Llegaron en la Infancia, DACA.
Los legisladores del sur de Texas José “Chuy” Hinojosa, (senador estatal) y el congresista federal Henry Cuéllar, hicieron un llamado a quienes se encuentran bajo la protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, para que cuanto antes soliciten su re-inscripción en el programa.
Con el anunció oficial hecho hoy por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, en el Registro Federal, los salvadoreños amparados desde 2001 al TPS deben hacer las aplicaciones en el periodo de 60 días a partir de la fecha, similar a re-inscripciones anteriores.
De acuerdo con la publicación del Registro Federal de Estados Unidos, dada a conocer hoy, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender automáticamente el permiso de trabajo para los salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta el 5 de septiembre de 2018.
Con la re-inscripción al TPS, los beneficiarios han encontrado cambios en los formularios I-765 y el I-821, pero abogados de inmigración aseguran que los ajustes benefician a los aplicantes.
A más de una semana desde que se conoció la culminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 200 mil salvadoreños, con un plazo de 18 meses para hacer una transición, la noticia aún se digiere con dificultad entre millares de beneficiarios, quienes apesadumbrados buscan respuestas a inquietudes en diferentes círculos reforzados con la incertidumbre.
Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los que el gobierno de Estados Unidos les dio un plazo prudencial para hacer una transición a otra forma de residencia legal, deben considerar todas las opciones bajo la ley y no tomar decisiones precipitadas que puedan afectar su estadía en un futuro, recomendó la abogada de inmigración, Kathia Pereira.
Ante la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en un plazo de 18 meses, la comunidad ha encontrado en las redes sociales a un gran aliado para informar y tratar de llevar tranquilidad a las miles de familias afectadas y servir de contrapeso a las noticias tendenciosas que causan confusión
Integrantes del Comité Alianza Nacional Pro TPS, de El Salvador, insisten en pedir al gobierno de EE.UU. la residencia permanente como solución a los beneficiarios del TPS cuyo programa dejará de existir el 9 de septiembre de 2019, por decisión de DHS
A Francisco Ayala el anuncio de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños no le generó sorpresa. Ahora, a sus 50 años, con una vida profesional hecha y un hijo adolescente, esto implica replantearse todo.