Una de las promesas de campaña que hasta el momento ha tenido cabal cumplimiento en el gobierno de Donald Trump ha sido su política migratoria con la ofensiva en contra de indocumentados, organizaciones criminales, control al ingreso de trabajadores extranjeros y anuncio de revisión al tratado de libre comercio con sus socios comerciales México y Canadá, entre otras acciones.

La inmigración indocumentada y también la documentada no ha dejado de ser noticia en la era de Trump. El muro fronterizo que, según él, pagará México, la eliminación del programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la Infancia) y el fin del beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS), son algunos de los temas que le han dado mayores matices a su gobierno.

En recientes rondas de discusiones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), preocupa el cambio de reglas en el sector automotor debido a que más del 70% de la producción de automóviles mexicanos se exporta a Estados Unidos.

Lo que Trump ha querido es disolver o transformar el acuerdo que también tiene el sector de las telecomunicaciones, el comercio electrónico y el componente laboral entre sus prioridades. Todo esto, en medio de disputas por las consecutivas declaraciones de Trump contra México país que está en pleno proceso de elecciones presidenciales.

Trump también impuso el lema ‘America first’ el cual ha vinculado al futuro de 800.000 ‘dreamers’, que se insertaron a la economía estadounidense desde 2012 y de miles de trabajadores que se desempeñan en diversos sectores de la economía generando riqueza y también empleos en muchos casos, pero que según el presidente le están quitando oportunidades a los nacidos aquí.

Bajo la premisa de que los intereses de los ciudadanos norteamericanos están primero, se ha calculado el daño que le haría a la economía. Según el Center for American Progress, 91% de los inmigrantes beneficiados logró conseguir un trabajo y, si finaliza el DACA, unos 700.000 “dreamers” perderían su empleo. Se estima que las pérdidas serían de $460.300 millones de dólares del Producto Interno Bruto.

Presidentes y directores ejecutivos de grandes compañías, especialmente las de tecnología, reaccionaron por ser de las más perjudicadas. Le pidieron al Congreso que le diera prioridad a legalización de estos jóvenes llegados en la infancia con sus padres. Pero esta petición sencillamente ha sido ignorada así como la del 74% de estadounidenses que está de acuerdo con legalizar a los “dreamers”, de acuerdo con un sondeo del Centro de Investigación Pew.

Otra investigación de Pew Research Center en 2016 encontró que los trabajadores indocumentados en ocupaciones del campo equivalen a un 26% (un cuarto de la mano de obra agrícola) mientras que en los trabajos de construcción son el 15%. A pesar que son cifras significativas tampoco avalan la teoría de que los trabajadores indocumentados les están quitando oportunidades de empleo a los estadounidenses.

Sin embargo, en momentos de ofensiva contra trabajadores indocumentados, numerosas granjas y zonas agrícolas sienten el impacto por la falta de mano de obra para sembrar y recoger cosechas.

Tom Nassif, director de Western Growers Association, que representa a los agricultores de California, Arizona, Colorado y Nuevo Mexico, advierte de las serias consecuencias de esta política. Afirma que de los 2 millones de trabajadores agrícolas en California, 1.5 millones son indocumentados.

La mayor organización agrícola de Estados Unidos, la American Farm Bureau Federation, advirtió que de seguir desechando a estos trabajadores, los precios de los alimentos aumentarían un 6.0 por ciento en el plazo de implementación de nuevas leyes migratorias y la producción anual decaería en unos 60 mil millones de dólares.

Esta mezcla de política y economía tendrá sus consecuencias en un año electoral en Estados Unidos.

Para el presidente de la Cámara de Comercio Latina, en Las Vegas, Nevada, Peter Guzmán, el problema al que se enfrentan hoy los “dreamers” se debe a que el tema migratorio se ha politizado y ha sido usado como un arma de campaña sin tener en cuenta que de por medio hay vidas humanas con las que se está jugando.

Dijo que espera que los dos partidos políticos dejen este juego porque se ha llegado a un punto crítico que no es justo especialmente con los “dreamers” que están ayudando a la economía del país.

La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, anunció un gran movimiento de protesta con cerca de 200 líderes de organizaciones civiles en respaldo de los “dreamers” y reconoció el gran aporte que estos jóvenes le hacen a la economía de Estados Unidos.

“Trump es el responsable por terminar el programa DACA, con su decisión él produjo esta crisis, pero la solución la tendremos nosotros con la movilización en el proceso electoral”, anticipó Murguía a Inmigracion.com.