Una vez más la administración del presidente Donald Trump, desea cerrarle las puertas a los inmigrantes que viven en Estados Unidos, al darse a conocer que desea limitarles el acceso a la residencia permanente o “Green Card” si han recibido asistencia social del gobierno, según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) obtenido por la agencia Reuters.

“Los no ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y dependen del gobierno de Estados Unidos y las entidades estatales y locales para obtener recursos en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas”, indica el documento.

El Departamento de Seguridad Nacional ha propuesto nuevas normas que permitirían a los funcionarios de inmigración examinar detenidamente el uso potencial por parte de inmigrantes de ciertos beneficios públicos financiados por los contribuyentes para determinar si dichos inmigrantes han de convertirse en una carga pública.

Por ejemplo, los agentes migratorios podrían mirar si el solicitante de una “green card” ha inscrito a un niño en los programas de preescolares públicos o subsidios para facturas de servicios públicos o las primas de seguro médico recibido.

“La recepción de un extranjero de las prestaciones públicas viene a expensas del contribuyente y la disponibilidad de los beneficios públicos puede proporcionar un incentivo para los extranjeros que emigran a los Estados Unidos”, amplía el informe.

Las normas no se aplicarían a los residentes permanentes que solicitan la ciudadanía, pero se aplicarían a las personas que viven o trabajan en los Estados Unidos, incluyendo a los miembros cercanos de la familia de ciudadanos de Estados Unidos y de los trabajadores empleados por las empresas estadounidenses.

El proyecto aún no ha sido aprobado por la alta dirección, pero de aplicarse se alejaría de la política actual que prohíbe que los agentes migratorios tomen en cuenta esta información para determinar si un inmigrantes está calificado para obtener su “Green Card”.

Bajo el proyecto que estudia la administración Trump, una persona se consideraría una “carga pública” si dependen de “alguna ayuda del gobierno en forma de dinero en efectivo, cheques u otras formas de transferencias de dinero, o instrumento, así como asistencia que no sea dinero en efectivo pero si en forma de ayuda , servicios, u otra reparación”, concluye el documento.