MCALLEN, TEXAS.-  En medio de una serie de protestas ciudadanas el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el 7 mayo la Ley SB4, conocida como la ley que prohíbe las “ciudades santuario”.

La nueva disposición, que entrará en vigor el 1 de septiembre del presente año, dispone que las corporaciones policiacas de los 254 condados y las ciudades texanas tengan como prioridad solicitar a los transgresores de la ley, así sea una infracción de tránsito, que demuestren cuál es el estatus migratorio.

La nueva legislación ha provocado encendidas polémicas, no solamente entre las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, sino también, en las agencias de policía que tendrán que cumplir con esta Ley o se verán sujetas a multas y a perder parte de los fondos o subsidios presupuestales que hacen posible su labor.

Las multas establecen para la primera violación, de 1,000 a 1,500 dólares y de 25,000 a 25,500 dólares para las subsecuentes violaciones. La negativa a cumplir la Ley tendría además un impacto negativo en los expedientes de los oficiales policiacos de los distintos rangos.

La idea de la ley, de acuerdo con sus promotores, es disminuir el número de residentes indocumentados en el estado de Texas etiquetándolos a todos bajo la misma categoría que equivale a la de criminales.

Pero además de la criminalización indebida de los indocumentados, la nueva disposición propicia que los ciudadanos sean investigados en razón de su perfil racial.

El aspecto hispano, hablar en español, inglés con acento o bien limitado conocimiento del idioma, propiciarán en muchos de los casos no solamente investigaciones innecesarias sobre el estatus migratorio, sino también abusos de algunos oficiales policiacos.

Las corporaciones policiacas se verán obligadas a cambiar su prioridad de cuidar la paz y el orden de sus ciudades por la investigación de la condición migratoria de sus residentes, forzándolos a no denunciar el delito para evitar exponerse a ser investigados y deportados, en perjuicio suyo y el de sus familias.

El Valle de Texas tiene alrededor de un 95 por ciento de residentes de origen hispano. En esta región los policías llevan a cabo numerosas actividades comunitarias con el fin de mantener la confianza de la población y buscar el apoyo a las autoridades.

Es prácticamente ya una tradición que en Navidad la policía en cada una de las ciudades haga reparto de juguetes a los niños y entregue pavos y despensas con motivo del Día de Acción de Gracias en un esfuerzo por mantener el contacto y la confianza de los residentes.

La policía valora la importancia de contar con la credibilidad y confianza ciudadana.

Cada estado tiene diferentes características y orígenes que determinan su composición étnica.

En Texas hay familias que son descendientes de generaciones que ya habitaban estas tierras antes de que México perdiera parte de su territorio con la Unión Americana. Muchos de ellos conservan como parte de su patrimonio cultural familiar el idioma español y, obviamente, su aspecto latino al que no se pueden sustraer. Quien piense que todos los latinos que viven en Texas llegaron como migrantes, están equivocados.

Hay que ir a la raíz del problema. La entrada en vigencia de la Ley SB4 afecta a toda la sociedad. En las últimas décadas se ha producido una gran migración hacia este país y no va a parar.

En muchas ocasiones se puede encontrar la explicación en las condiciones adversas que viven en sus países de origen o porque tienen a sus familiares viviendo en Estados Unidos con quienes pretenden reunirse.

Por ello se hace imprescindible una reforma migratoria integral que permita regularizar la situación de quienes no han tenido la oportunidad de hacerlo pese a estar integrados a la vida productiva de este país. Una reforma que permita actualizar las regulaciones en la admisión de las nuevas generaciones de migrantes y rediseñar el sistema de visas, sobre todo en el campo laboral que ha tenido importantes cambios en las últimas décadas.

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TELECAN o NAFTA) ha generado 400,000 empleos, producto del intercambio comercial de 95 billones de dólares. La cifra podría aumentarse ante el anuncio de la “modernización” de este acuerdo comercial.

Organizaciones defensoras de migrantes han ya interpuesto recursos legales para evitar la entrada en vigor de la Ley SB4, pero independientemente de los resultados, se aplique o no aplique la ley en septiembre, la situación de fondo prevalece: Abordar realísticamente el problema migratorio y encontrar una solución acorde a la nueva realidad social y al actual desarrollo económico de los Estados Unidos y de la región.