Movimiento por TPS dispuesto a seguir en pie de lucha

Inmigracion.com- TPS siguen pie de lucha3 Beneficiarios del TPS en la capital del país, la mayoría trabajadores de la construcción, durante una manifestación frente al edificio del DHS el martes 9 de enero pidiendo una solución definitiva a su situación migratoria. El gobierno ha terminado con este beneficio que amparaba a ciudadanos de varios países latinoamericanos y de Africa. Foto archivo Inmigración.com

WASHINGTON, DC.-  Sólo horas después de la notificación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que da por terminado el Estatus de Protección Temporal, TPS, para cerca de 200 mil salvadoreños, en el lapso de 18 meses, el movimiento de beneficiarios de este estatus pretende mantenerse en pie de lucha para que se escuche su voz y encontrar una salida definitiva a la situación de limbo legal al que se encaminan.

El martes 9 de enero un grupo de ‘tepesianos’, la mayoría de ellos trabajadores de la construcción, se reunió a una plazoleta frente al número 800 de la calle K, en el noreste de Washington, sede principal del DHS, para pedir por una revisión de la medida.

Mardoel Hernández que se unió a esta Alianza de beneficiarios del TPS en el Área Metropolitana de Washington, desde mediados del año pasado -previendo lo que podría enfrentar el estatus legal-, reconoce que sus peores expectativas se convirtieron en realidad.

Esmeralda Fuentes, originaria de Morazán, El Salvador, reconoce que siempre esperaban la re-inscripción al TPS con tranquilidad, pero ahora todo cambió y no está preparada para ello. Foto Inmigración.com / Tomas Guevara.

“Yo creo que no nos podemos dar por vencidos, hay algunas ventanas que todavía quedan y hay que saber tocar cada puerta para que se encuentre una solución para nosotros, que hemos demostrado que somos gente trabajadora que contribuye mucho a este país, al que queremos como nuestro también”, sostuvo.

Reconoce que esta primera demostración resultó escasa porque surgió a último momento, pero afirma que seguirán trabajando para aglutinar a más personas. En esta presencia frente a DHS les apoyó el Comité de Solidaridad con El Salvador y un sindicato de la construcción.

Los activistas admitieron que la notificación del lunes 8 contra la continuidad del TPS para los salvadoreños cayó como agua fría, luego de gestionar en todos los niveles del gobierno federal para que consideraran en su decisión a este grupo de trabajadores.

La misma embajadora de El Salvador en Washington, Claudia Canjura, dejo ver en una rueda de prensa en la tarde del lunes 8, que el anuncio de DHS distaba de las proyecciones que se habían hecho como delegación diplomática ante Washington, no sin matizar que respetan la terminación al tratarse de una decisión soberana del país ante el que representa al estado salvadoreño.

“La administración había estado manejando, no solo para nuestro país, sino sobre el TPS en general, que es un programa temporal y que no podía durar para siempre, pero nunca hubo un anuncio,” dijo la embajadora. “Por ejemplo nuestro presidente (Salvador Sánchez Cerén) se comunicó con la Secretaria de DHS el viernes 5 de enero, como es de conocimiento público, y ella le dijo que para entonces no había una decisión tomada, así que nos enteramos hasta la mañana del lunes cuando se hizo público”.

En la trinchera de los afectados directos por la medida tomada por DHS la noticia también llegó como agua fría en pleno invierno en la costa este. La salvadoreña Esmeralda Fuentes, originaria de Morazán, El Salvador, y quien labora como cocinera en un restaurante latino de Arlington, Virginia, reconoce que en le ha sido difícil procesar la decisión.

“Siempre uno estaba a la expectativa en los años anteriores de si continuaría o no, pero al final era algo como rutinario, que siempre anunciaban hasta antes de que llegara la fecha y uno ya estaba listo solo para reinscribirse, pero esto de hoy ya es otra cosa y da mucho en que pensar”, reconoce.

El canciller Hugo Martínez se complació por haber conseguido 18 meses de TPS, pero reconoció que la decisión plantea nuevos retos que el gobierno de El Salvador debe afrontar para un eventual retorno de cientos de miles de trabajadores al país centroamericano.