Líderes de Alianza Americas urgen soluciones reales para beneficiarios de TPS, DACA y DED

Aproximadamente 300 mil personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán del Sur, Liberia y Nepal se encuentran en riesgo de perder sus autorizaciones de trabajo si el Congreso no toma acciones inmediatas.

Claudia Treminio, de raíces salvadoreñas, posa con un cartel durante la marcha por la residencia permanente para beneficiados con TPS, el sábado 13 de enero de 2018, en Los Ángeles. Inmigrantes y activistas en todo el país han realizado marchas y foros para pedirle al congreso que proteja a las familias beneficiarias de este estatus así como a los 'dreamers'. Esta semana se realizan visitas a congresistas para pedir su apoyo. Foto archivo EFE/Iván Mejía
Alianza Americas

Chicago, Ill.- Decenas de líderes inmigrantes, miembros de la red de Alianza Americas, se congregan en Washington D.C, del 12 al 14 de febrero, para realizar visitas de cabildeo a miembros del Congreso de los Estados Unidos y urgirles soluciones a la población beneficiaria del programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el programa Salida Obligatoria Diferida (DED) en el marco de negociaciones legislativas del Presupuesto 2019.

Aproximadamente 300 mil personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán del Sur, Liberia y Nepal se encuentran en riesgo de perder sus autorizaciones de trabajo si el Congreso no toma acciones inmediatas. Expertos calculan que la economía estadounidense se vería afectada en 45 mil millones del PIB en una década solamente con la pérdida de la fuerza de trabajo de estas comunidades amparadas con TPS. Por otro lado, 279 mil menores de edad, cuyos padres son beneficiarios de TPS, podrían enfrentar la separación familiar si sus padres son obligados a retornar a sus países de origen.

Preocupados por el potencial escenario que dejaría en riesgo de deportación, separación de familias, y pérdida de permisos de trabajo; una delegación conformada por decenas de titulares de TPS junto con sus familias miembros de Alianza Americas realizan visitas a miembros del congreso el 12, 13 y 14 de febrero, en Washington D.C.

Vanessa Velasco, especialista en proyección comunitaria en CARECEN San Francisco y recipiente de TPS, asegura que la población con TPS, DACA y DED ha estado bajo un ataque extremo durante los primeros dos años de la administración Trump. “Es hora que los legisladores pongan fin a los ataques constantes y promulguen leyes que protejan a los inmigrantes”, dice.

Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente en Bostonexplica que su equipo se une al esfuerzo por sus preocupaciones para las personas que están amparadas por el TPS y DACA, pero “sin olvidar los miles de inmigrantes centroamericanos que siguen huyendo de la crisis que vive Centroamérica”.  

Desde el Medio Oeste, Rico Durán, organizador principal en Comunidades que Organizan el Poder y la Acción para los Latinos (COPAL) en Minneapolis, señala que el estado de Minnesota es el hogar de un número significativo de familias con TPS y DED, e insta a funcionarios electos a proteger el tejido social de estas comunidades. Desde el Sur, Christian Aguiluz, organizador comunitario en CRECEN en Houston, recuerda a los legisladores que no necesitan malgastar más dinero en muros ni en detenciones. “Haremos sentir nuestra en voz en Washington, D.C. para demandar que nuestros legisladores apoyen una solución permanente para beneficiarios de TPS y DACA”, dice.

Por su parte, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas, añade: “En este momento crítico del proceso de aprobación de presupuestos de la nación, es urgente reiterar lo absurdo de seguir despilfarrando valiosos recursos financieros en más medidas de control fronterizo, siendo la más absurda la construcción de un muro fronterizo. A lo largo de las últimas tres décadas, miles de millones de dólares han sido mal usados en este tipo de gastos. Lo que se necesita resolver de manera urgente es el riesgo de que las personas que han estado protegidas a lo largo de muchos años, queden vulnerables a arrestos y posibles deportaciones. Urge también restaurar el derecho de toda persona que ha huido de su país por temor a su seguridad, de poder solicitar asilo político y ser procesado en territorio estadounidense.

Finalmente, es crucial que se dé un giro dramático en la orientación de la política exterior de los Estados Unidos de América hacia el sur de México y los países centroamericanos, de manera que se vayan superando de manera gradual los factores que siguen forzando a tantas personas a huir de sus países”.