PHOENIX, AZ.- La historia de Ardani Rosales y Naira Zapata derribó fronteras, después de vivir la deportación del padre de familia, quien se mantuvo alejado por más de dos años, hasta que la joven pareja logró lo que pocos migrantes han obtenido en Estados Unidos, la reunificación familiar.

Pero esta historia todavía no cuenta con un final feliz, porque su lucha aún continúa en los tribunales, para lograr que Rosales, procedente de Guatemala, reciba el asilo político por el que ha clamado a las autoridades migratorias.

“Desde el 2014 estoy con permiso de trabajo, pero el 5 de junio del 2018 tengo mi última corte, donde tengo que llevar abogado por ley, porque en dicha audiencia van a definir si me otorgan el asilo político”, declaró a Inmigracion.com.

Rosales permaneció en el Centro de Detención Florence por 18 meses, para luego ser deportado a Guatemala por 6 meses, mientras su esposa se unió a organizaciones como Puente, realizó huelgas de hambre y movimientos cívicos para que su esposo volviera a estar con su familia.

El sacrificio de esta joven madre de tres hijos, Pablo de 7 años, Nayla de 4 años y Brian de 2 años, rindió frutos al lograr unir a su familia, pero fue más allá, ya que teniendo la oportunidad de resolver su estancia legal en el país, debido a que calificaba para Acción Diferida (DACA) decidió que el poco dinero que tenían lo utilizaran en el caso de su esposo.

“Tuvimos que decidir, los demás piensan que todo termina cuando dejan libre a la persona, pero uno asume deudas de más de 10 mil dólares, y sigue pagando abogados”, dijo Zapata. Sostuvo con visible tristeza que “aunque busqué ayuda para que me apoyaran con mi proceso, no la encontré y el poco dinero que teníamos lo destinamos a mi esposo”.

Ambos jóvenes reconocieron que los altos costos de la defensa es un gran problema al que se enfrentan los inmigrantes, ya que los abogados cobran por estos casos de 10 mil a 13 mil dólares, descapitalizando a las familias.

Por su parte Rosales también narra su propio sufrimiento. “Fue muy difícil re-incorporarme a los Estados Unidos, tuve que lidiar con lo psicológico y la presión de las deudas, además que mi permiso de trabajo tardó en llegar 8 meses, así que empezamos de cero y con mucho más responsabilidades económicas”, reconoció Rosales, quien fue líder de un grupo Nashed en Guatemala, que significa guerrero, y su labor era la de rescatar a los jóvenes de las pandillas y encaminarlos al sendero de Dios.

Pero debido a que las pandillas no estaban dispuestas a perder seguidores, fueron amenazados de muerte, la mayoría de sus compañeros fueron asesinados, y Rosales corrió con más suerte al sólo ser golpeado y herido con navajas. Fue cuando decidió emigrar por primera vez a los Estados Unidos, con 18 años de edad.

Formó su familia y vivió durante años en Arizona, pero la misma mañana que su esposa le anunció que esperaban a su segundo hijo, lo paró la policía cuando se dirigía a su trabajo, argumentando que el permiso de su carro no era lo visiblemente apropiado.

Inmediatamente revisaron su condición migratoria y a pesar de pagar la fianza por la falta administrativa, fue detenido y entregado al Servicio de Inmigración y Control del Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Rosales tenía una orden de deportación, ya que intentó entrar a este país en el 2005, buscando asilo político por la violencia que se vive en Guatemala, pero cuando lo detuvieron por la infracción, automáticamente el sistema lo deportaba por ser centroamericano.

“Le volví a explicar al oficial mi situación, del temor de estar allá, la necesidad de contar con asilo político, pero no les importó”, detalló.

Fue por su labor con los jóvenes como pudo comprobar con testigos y cartas sobre el peligro que corría en su país, con la presión de organizaciones de “dreamers” y Puente, logró regresar a Arizona.

De nuevo fue a un centro de detención donde esperó paciente la resolución de un juez, buscando una fianza que le permitiera permanecer legalmente en el país.

El 7 de octubre del 2014 recordó que recibió la noticia más feliz de su vida, ya que la corte decidió que su fianza fuera reabierta y el gobierno no habían decidido apelar.

Una vez que le otorgaron la fianza de 10 mil dólares, el mismo Juez y fiscal del caso le mandaron a llamar, para decirle que la “pesadilla” había terminado

Pero acabada esa lucha, inició una nueva, la de seguir peleando por una estancia legal para él, su familia, y los migrantes que viven una situación similar.

“En el momento que me deportaron estaba la mano de Dios sobre nosotros y teníamos un presidente muy diferente como Barack Obama, pero mi mensaje es que el miedo no ayuda a nada, estando encerrados no vamos a lograr nada, luego de esto como pareja nos sentimos más unidos y le decimos a los demás migrantes que nunca se rindan’, concluyó Rosales.