DENVER.- Los detenidos se exponían a ser colocados en un régimen de aislamiento si no limpiaban sus sectores a diario. Quienes se ofrecían como voluntarios para trabajar en los jardines, en limpieza o cortando el cabello de otros reclusos cobraban un dólar por día.
El régimen del centro de detención de inmigrantes sin permiso de residencia era casi de esclavitud, según gente que estuvo detenida allí y que acudió a los tribunales, donde fue autorizada a demandar al administrador de un centro de detención de Denver en nombre de unas 60.000 personas que pasaron por esa instalación a lo largo de una década.
Ex reclusos afirman que el GEO Group explota a la gente en ese centro con 1.500 camas para que pueda funcionar con un solo empleado de limpieza. La compañía reportó ingresos del orden de los 2.200 millones de dólares y casi 163 millones de dólares de ganancias el año pasado.
El caso podría tener grandes consecuencias para la industria de prisiones privadas, que espera beneficiarse de la demanda de más centros de detención a medida que Trump intensifica su campaña contra la inmigración ilegal.
Los centros de detención del servicio de inmigración son sitios donde las personas acusadas de violaciones civiles a las leyes de inmigración esperan que se resuelvan sus casos. Mientras que a los reclusos convictos por algún delito que cumplen una condena en el sistema de justicia penal a menudo se les exige trabajar, generalmente no se puede obligar a trabajar a quienes no han sido condenados, de acuerdo con el National Institute of Corrections del Departamento de Justicia.
Los centros de detención de inmigrantes no son considerados sitios donde alguien cumple un castigo sino lugares para retener a personas que podrían tratar de escaparse, indicó Kathleen Kim, profesora de la Loyola Law School especializada en las leyes de inmigración. Obligar a trabajar a las personas alojadas en estos centros viola la 13ra enmienda de la constitución, que puso fin a la esclavitud y prohíbe la servidumbre involuntaria si no hay una condena de por medio.
Desde un punto de vista económico, “este modelo de manejo de estas instalaciones depende en buena medida de que los retenidos allí trabajen”, sostuvo un abogado que representa a personas que estuvieron alojadas en el centro de Colorado, Andrew Free, de Nashville, Tennessee.
GEO afirma que cumpla con las pautas del gobierno y pidió a un tribunal de apelaciones que desestime la demanda en nombre de todos los reclusos que estuvieron en el centro de detención entre el 2004 y el 2014, aduciendo que esa acción colectiva podría dar paso a denuncias contra otras empresas de ese ramo.
De hecho, en mayo se radicó otra demanda contra CoreCivic, el administrador de prisiones privadas más grande del país, en la que se acusa a esa firma de prácticas similares en un centro de detención de inmigrantes de San Diego.
Jonathan Burns, vocero de la compañía con sede en Nashville, Tennessee, dijo que todos sus programas de trabajo para reclusos son voluntarios y cumplen con las normas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés, ICE.
El ICE aloja a buena parte de los inmigrantes arrestados en centros de detención privados.
En diciembre, un equipo de trabajo del gobierno de Barack Obama recomendó que se siguiesen empleando esas instalaciones a pesar de que el gobierno había dicho que las iría eliminando en forma escalonada. Se calcula que un 65% de los inmigrantes detenidos son alojados en centros privados y se pensó que habría que invertir miles de millones de dólares para poder alojarlos en centros del gobierno.
Ahora, el presidente Donald Trump solicitó al Congreso un aumento de 1.500 millones de dólares para el ICE, para que pueda arrestar, retener y deportar a los inmigrantes que están en el país sin autorización. El director interino del ICE Thomas Homan dijo hace poco que espera que haya un promedio de 51.000 detenidos diarios, comparado con los 40.000 de hasta hace poco.
En abril, GEO, el segundo contratista más grande que tiene el gobierno para prisiones privadas, obtuvo un contrato de 110 millones de dólares para construir su primer centro de detención de inmigrantes bajo el gobierno de Trump.
En su presentación, GEO dijo que los ex detenidos y sus abogados, en lugar de pedirle al Congreso que cambie las normas del ICE, ?apelan a una demanda colectiva en busca de alivio monetario?. Agregó que la empresa se expone ahora a sufrir grandes perjuicios económicos por cumplir con las directivas del gobierno.
La firma dijo que sus ejecutivos recuerdan un solo caso en el que alguien que estaba esperando una audiencia fue alojado en solitario por negarse a limpiar.
Los ex detenidos dicen que GEO mintió al afirmar que no puede pagar más de un dólar diario. La firma responde que esa suma es la que fija el contrato que firmó con el gobierno.
Si bien el contrato estipula que los reclusos deben limpiar sus sectores sin recibir compensaciones, los demandantes dicen que GEO obligar a los presos a limpiar y mantener áreas comunes sin pagarles.
Las autoridades comprobaron que otro centro de detención de inmigrantes de California, administrado por Theo Lacy, violó las normas al obligar a los reclusos a limpiar el sector de las duchas.
Una de las demandantes de Colorado, la mexicana Grisel Xahuentitla, del estado de Tlaxcala, dijo que, además del piso y las mesas de su sector, la hacían limpiar una cancha de básquetbol y una pequeña biblioteca. Después de la deportación de algunas mujeres, se ofreció como voluntaria para limpiar los lavabos, en parte para tener algo que hacer.
“Me sentía deprimida, quería hacer algo para entretenerme”, señaló Xahuentitla, quien hoy tiene 33 años, pasó cuatro meses en el centro en el 2014 y ahora vive en Durango. No dijo en qué circunstancias fue liberada ni cuál es su actual status inmigratorio.
Su familia le enviaba dinero, por lo que Xahuentitla no necesitaba trabajar para poder hacer llamadas telefónicas o comprar algunas cosas en la cantina. Pero indicó que otros detenidos trabajaban por el dinero.
En la demanda se habla de que unas 2.000 personas retenidas en el centro aceptaron trabajar por un dólar diario durante tres años. Son parte de los 60.000 reclusos que habrían sido obligados a limpiar sus sectores sin cobrar durante una década.