WASHINGTON, DC.- El condado de Fairfax, en Virginia, ya no esperará hasta que lleguen los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para liberar a personas detenidas que son buscadas por inmigración para eventualmente deportarlas.
A partir del 23 de mayo, este próspero condado que supera el millón de habitantes y con una población de inmigrantes hispanos superior al 15 por ciento, ha decidido cancelar un programa de cooperación establecido en el año 2012 con el que retenía hasta por 48 horas a personas detenidas que eran requeridas por inmigración.
Ejecutivos del condado anunciaron en días recientes que han decidido cancelar este programa porque duplica esfuerzos del departamento de policía, al existir otros acuerdos que permiten compartir información personal de reclusos procesados y recluidos en sus cárceles sujetos potencialmente a deportación.
El salvadoreño Ángel R. fue detenido por un caso de violencia doméstica en esa jurisdicción, y al llegar la fecha de su liberación siguió retenido para luego ser entregado a ICE y deportado, a pesar de que tenía residencia permanente.
Ante la reiterada situación de casos como el de Ángel, los activistas pro inmigrantes del área de la capital nacional ven como positiva la medida anunciada por este condado, que suavizaría la presión de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
El anuncio hecho por la alguacil del condado de Fairfax, Stacey Kincaid, deja claro que el condado no pondría esfuerzos adicionales para mantener detenidas a personas luego que estas cumplan el tiempo de estancia en un centro de detención si ICE no los reclama antes de la fecha límite para ser liberados.
La Sheriff explicó que se tomó la decisión porque el programa de cooperación duplica esfuerzos, pues las fuerzas del orden en Fairfax ya cumplen con rigor una ley estatal de Virginia que ordena establecer el estatus migratorio de una persona detenida, luego ingresan la información personal a una base de datos que comparten con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y su brazo operativo, ICE.
“Tenemos la intención de cumplir con todas las obligaciones federales en lo que respecta a ICE y consideramos que no es conveniente tener un acuerdo que requiera que ampliemos nuestros recursos más allá de las obligaciones ya establecidas”, aseguró la Sheriff Kincaid en un comunicado.
Datos revelados por El Washington Post señalan que un informe realizado por el Centro de Acción por el Progreso Americano, en un recuento de casos del año 2017, estableció que Fairfax entregó a ICE el año pasado a 663 personas que habían sido retenidas en sus cárceles. Luego la agencia federal habría procedido a la deportación de los detenidos.
Los inmigrantes entregados a ICE provenían en su mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala, según el informe que cotejó los datos con los registros públicos del condado.
La cancelación del programa se dará luego de los 120 días previos de notificación oficial a las autoridades de ICE. La Sheriff aclaró que el condado solo retendrá a quienes tengan orden judicial de detención criminal.
La presidenta de la junta de gobierno del condado, Sharon Bulova, demócrata, se declaró complacida por la implementación de esa medida manejada por la alguacil del condado y su equipo técnico. Queda establecido que ella está para realizar el trabajo de operar la cárcel y no para hacer funciones del gobierno federal ni de inmigración, conceptuó.