MCALLEN, TX.- Con el fin de abatir un rezago de 667 mil casos pendientes de resolver en las cortes de migración, el gobierno logró incluir en el nuevo presupuesto federal los recursos para contratar a 100 nuevos jueces que incluyen personal de apoyo, tecnología y espacio de trabajo.

Lo anterior fue dado a conocer por el Congresista Henry Cuellar (TX-28), quien se dijo satisfecho por haber tenido éxito en incluir términos en la legislación conocida como Apropiaciones Omnibus del año fiscal 2018 (Fiscal Year 2018 Omnibus Appropriations Act). Señaló que además de los jueces se contará con otras medidas de seguridad que se incluyeron en la legislación aprobada recientemente en la Cámara de Representantes que financiará al gobierno por el resto del año fiscal 2018.

“Quiero agradecer especialmente a los miembros del Comité de Apropiaciones y a John Culberson, presidente del Subcomité de Apropiaciones de Comercio, Justicia y Ciencia, por todo su apoyo en este asunto y por trabajar conmigo para incluir a estos jueces tan necesarios”, expresó el congresista Cuéllar.

Así mismo agradeció a los miembros de Mayor Rango del Subcomité de Apropiaciones de Comercio, Jose Serrano y Nita Lowey, y al director Rodney Frelinghuysen por su continuo apoyo y esfuerzo.

“Aumentar el número de jueces para procesar casos de inmigración es una solución de sentido común que debería atraer a todos, sin importar opiniones personales acerca de la política de inmigración”, explicó.

Agregó que con un atraso de aproximadamente 667 mil casos, casi la mitad de los cuales son reclamaciones de asilo, los tribunales de inmigración necesitaban urgentemente jueces adicionales.

Además del aumento en el número de jueces, la propuesta pretende dirigir a estos jurisperitos a las regiones fronterizas con mayor carga de trabajo. Por años, el congresista Cuéllar ha convertido en una prioridad el llevar a los jueces de inmigración a las comunidades fronterizas.

“Actualmente, debido en parte a la falta de jueces disponibles, los inmigrantes en la frontera son detenidos por largos períodos de tiempo o liberados en los Estados Unidos con la promesa de regresar a la corte en una fecha posterior”, dijo Cuéllar. Reconoció que ninguna de estas opciones es ideal para los inmigrantes ni para la aplicación de nuestras leyes. “Tener más jueces en la frontera ayudará a tratar a los inmigrantes de manera más justa”, anticipó.

En adición a los nuevos jueces, la propuesta incluye $35.000 millones para Tecnología de Intercambio de Información de Justicia y $504.500 millones para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración EOIR con el propósito de acelerar el proceso de empleo para los nuevos jueces.

Específicamente, la propuesta de ley propone como meta que los casos de inmigración sean procesados dentro de 60 días si un individuo está detenido, y dentro de 365 días si el individuo no es un detenido. Actualmente, estos casos toman alrededor de 71 días y 665 días respectivamente.

Estos 100 jueces se agregan a otros 10 que el congresista Cuéllar ayudó a incluir en la Ley de Apropiaciones Omnibus del año fiscal 2017. El congresista también agregó 55 jueces en la propuesta de Apropiaciones del 2016, sumando un total de aproximadamente 165 nuevos jueces en tan sólo 3 años.