La lucha es por un Dream Act que incluya a los padres de los dreamers

Carlos VargasEl dreamer Carlos Vargas (centro) explica ante la prensa detalles de la demanda colectiva presentada por varios miembros de la organización Make the Road New York -el 5 de septiembre de 2017- contra la Administración Trump por la terminación del programa DACA. Foto Inmigración.com / Cortesía Carlos Vargas

NUEVA YORK.- Vargas es un apellido que resuena en la causa de los Dreamers: el influyente periodista José Antonio Vargas, ganador del premio Pulitzer y fundador de la organización Define American; también César Vargas, el primer abogado Dreamer autorizado para ejercer la profesión en Nueva York y su hermano Carlos Vargas, activista y economista, quien participa en una demanda contra la Administración Trump por la cancelación de DACA.

Presentamos la historia de Carlos, quien al igual que su hermano César, fue traído por su madre Teresa Galindo junto a otros dos hermanos en 1990 desde Puebla, México,  buscando un mejor porvenir.

“Estuvimos dos semanas en California, luego nos venimos al Bronx por un mes y después vivimos 19 años en Brooklyn, hasta que nos mudamos a Staten Island”, dice el dreamer. Y recuerda algunos detalles de su infancia en Brighton Beach y Sheepshead Bay, en el sur de Brooklyn, donde en aquel entonces había más hispanos -guatemaltecos, ecuatorianos, peruanos- en medio de ese clásico asentamiento de la diáspora de la ex Unión Soviética.

“Fue difícil por el idioma, aunque muchos niños en mi clase eran inmigrantes no podía comunicarme, tuve que ir a clases especiales”, cuenta, añadiendo que su familia siempre vivió con temor a ser deportada. “Mi mamá nos lo dijo desde siempre, que tuviéramos mucho cuidado. En los 90’s los oficiales de migración entraban a las factorías, estaban en todas partes, siempre teníamos temor y pena. Cuando salíamos con nuestros amigos teníamos que llevar el pasaporte por si nos pedían una identificación”, afirmó.

Carlos Vargas, der., habla de su experiencia como indocumentado y de cómo a base de esfuerzo se fue superando hasta que logró ampararse por el DACA, ser economista y además activista de la organización Make the Road New York. Foto Inmigración.com / Cortesía Carlos Vargas

Carlos quiso seguir los pasos de su hermano César en el estudio de leyes, pero fue testigo de primera mano de los problemas que él enfrentó por ser indocumentado, ya que lo amenazaron con expulsarlo de la universidad. César libró una batalla legal de casi cuatro años para poder ejercer como abogado. Según Univisión, al convertirse en abogado, Vargas sigue los pasos de los inmigrantes Sergio C. García y José Godinez Samperio, que consiguieron permiso para ejercer en California y Florida respectivamente tras victorias legales similares en 2014.

No obstante, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Carlos pudo inscribirse sin necesidad de presentar un número del Seguro Social en 2014, aunque le tomó siete años graduarse en economía y finanzas; combinó sus estudios trabajando en restaurantes como “busboy”.

Causar impacto y cambiar las leyes

Las cosas cambiaron por completo para Carlos cuando pudo inscribirse en DACA tras más de dos décadas indocumentado. Ahora forma parte de la organización fundada por su hermano, Dream Action Coalition -donde es encargado de la parte de políticas- y de Make the Road New York.

“Nuestra Lucha es por el Dream Act. Las leyes migratorias están obsoletas y queremos cambiarlas, porque actualmente no hay opciones. Queremos hacer impacto. En cuanto a los jóvenes que están peleando solo por eso, no es que sean egoístas, pero no ven la fotografía completa: los Dreamers originales son los padres que nos trajeron, por eso debe darse una reforma justa y digna, para las familias, no solo para los jóvenes”, apuntó el activista.

Y puso como ejemplo a su madre, quien tiene 74 años, y desde que llegó se dedicó a limpiar casas, cuidar niños y hasta recoger botes vacíos para venderlos, con tal de garantizar techo y comida para sus hijos.

Pese a que muchos dan el DACA por muerto, hay quienes como Carlos que creen que puede salvarse. Por eso sumó su firma a la demanda “Batalla Vidal contra Duke” de 2016, que desafía a la Administración Trump por haber terminado el DACA. “Estamos dando la pelea en las calles, marchando y en las cortes”, apuntó.

Make the Road New York (MRNY), la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale y el National Immigration Law Center interpusieron una demanda a nombre del miembro de MRNY Martín Batalla Vidal en defensa de los programas DAPA y DACA. El 5 de Septiembre de 2017 tres organizaciones pidieron hacer una enmienda a la demanda original argumentando que la terminación del DACA anunciado por la Administración Trump es inconstitucional y viola las leyes federales.

Los demandados son el Presidente Donald Trump, el Fiscal General Jeff Sessions y la Secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Interna, Elaine Duke. Seis de los demandantes son miembros de MRNY, entre ellos Antonio Alarcón, Eliana Fernández, Carolina Fung Feng y Carlos Vargas.

La demanda se presentó en el Distrito Este de Nueva York, un tribunal federal de distrito. El Juez de Distrito Nicholas G. Garaufis y el Magistrado Juez James Orenstein han sido asignados al caso. “También solicitamos al Tribunal que declare que todas las personas que tienen DACA o que podrían haber solicitado DACA son una “clase” o grupo de personas, por lo que podemos representar los intereses de su grupo en esta demanda”, añadió Carlos Vargas.

Los Procuradores Generales de Nueva York, Massachusetts, Washington, el Distrito de Columbia y otros doce estados han demandado a la administración Trump por motivos similares en el mismo tribunal y su caso también está ante el juez Garaufis. Al menos otras seis demandas están pendientes en California y en otros lugares, incluida una presentada por Make the Road PA junto con CASA de Maryland.

Por el momento, el tribunal ha indicado que espera emitir una decisión antes del 5 de marzo de 2018 para proteger a los beneficiarios de DACA que comenzarán a perder las protecciones establecidas por la ley en ese momento. No importa quién gane, el caso probablemente sea apelado ante el tribunal de circuito y, finalmente, ante el Tribunal Supremo.