WASHINGTON, DC.- Nilson Cañénguez enfrenta la posibilidad de tener que regresar pronto a su país El Salvador tras residir 20 años en Estados Unidos. Pero no se irá con las manos vacías ni molesto.

El padre de tres hijos que llegó a este país prácticamente sin nada volverá como el propietario de una empresa constructora con docenas de empleados, la capacidad de adquirir dos propiedades en su país y jubilarse parcialmente a los 45 años de edad.

Antes de venir a Estados Unidos yo “estaba pobre”, dijo Cañénguez, un importante empresario de la numerosa comunidad salvadoreña en los alrededores de la capital estadounidense. “Ahora no es que sea millonario, pero sí tengo las comodidades para vivir mejor que como vivía antes”.

El gobierno de Donald Trump puso fin al estatus migratorio temporal _conocido como TPS por sus siglas en inglés_ de Cañénguez y otros 400.000 inmigrantes de varios países, bajo el argumento de que el beneficio no debía ser permanente.

Desde luego que Cañénguez preferiría permanecer en Estados Unidos. Pero dice estar listo para volver voluntariamente a su país un mes antes de que su TPS expire en septiembre de 2019.

“No guardo ningún resentimiento contra los Estados Unidos o contra este gobierno”, dijo. “Las leyes están y hay que seguirlas”.

El fin del TPS para los inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán ha generado pánico y desesperación en numerosas familias. Algunas consultan con abogados las opciones que tienen para regularizar su estatus migratorio y permanecer en Estados Unidos, mientras que otros como Noé Duarte, un albañil salvadoreño de 41 años, planean quedarse sin autorización.

“No digo que El Salvador no está bien, pero no tengo nada allá. Toda mi vida esta acá”, señaló Duarte, quien planea mudarse, limitarse a efectuar transacciones en efectivo y deshacerse de un celular inteligente con la esperanza de que un próximo gobierno le permita quedarse legalmente. “Lo que nos queda es huir y escondernos”.

Los beneficiarios del TPS _quienes se hacen llamar tepesianos_ han podido subsistir en Estados Unidos. Y algunos como Cañénguez han podido prosperar.

En entrevistas concedidas a The Associated Press en la sede de su compañía y en la casa que adquirió durante 2004 en los suburbios de Maryland, el empresario explicó que no concibe permanecer en Estados Unidos sin el TPS.

“No puedo quedar preso en el país”, indicó.

José Campos, presidente de la Cámara de Comercio Salvadoreño Americana del área de Washington, dijo que Cañénguez es un ejemplo a seguir para su comunidad.

“Es inspirador para cualquier americano, para cualquier persona”, señaló refiriéndose a quien la cámara nombrara en 2015 como empresario del año. “Él es la definición del sueño americano”.

Pero Campos advirtió que un 10% de los 200 miembros de la cámara son tepesianos y que la pérdida del TPS tendrá un impacto económico sustancial para su comunidad.

Un estudio elaborado por una investigadora de la Universidad de Kansas en mayo de 2017 concluyó que la mayoría de los tepesianos _94% de los hombres y 82% de las mujeres_ tenían empleos; que un tercio vivían en casa propia y que la mitad había incrementado sus estudios en Estados Unidos.

“La idea de que los inmigrantes con TPS son pobres no es así”, dijo Carmen Menjívar, la autora del estudio. “Tienen tiempo aquí, larga experiencia de trabajo y muchos son considerados mano de obra calificada”.

Cañénguez se crió en San José El Naranjo, un pueblo al noreste de la capital salvadoreña donde sus padres se afincaron para huir de la violencia generada por la guerra civil que sacudió a la nación centroamericana entre 1980 y 1992. Finalizó la educación secundaria y emigró al norte.

Con la ayuda de un coyote entró a Estados Unidos. Llegó primero a Los Ángeles y luego a Washington, hogar de la segunda comunidad más numerosa de salvadoreños.

Con conocimientos casi nulos de inglés _idioma que aún le da problemas_ se empleó casi inmediatamente en una constructora y legalizó su estatus cuando Washington determinó que los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos merecían el TPS tras un devastador terremoto ocurrido allá en enero de 2001. Su esposa y tres hijos se reunieron con él posteriormente.

El TPS incluye permisos de trabajo renovables cada dos años y, aunque no desemboca en una residencia permanente _también llamada greencard_, sus beneficiarios pueden explorar alternativas para regularizar su estatus.

Cañénguez asegura que consultó a seis abogados diferentes a un costo superior a los 60.000 dólares, sin éxito.

Al dedicarse a la construcción, Cañénguez participó en la reconstrucción del Pentágono tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y en la construcción del centro de visitantes del Congreso estadounidense en 2003.

Posteriormente logró reunir el capital necesario para lanzar en 2011 su empresa constructora, que en la actualidad emplea a 250 personas y tiene sede en las inmediaciones de la base Andrews de la fuerza aérea en Maryland.

Quality Construction Logistic Inc. no contrata personas sin autorización para vivir en el país, tal como Cañénguez estuvo alguna vez, porque la empresa participa en E-Verify, una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional que permite a los patronos verificar que sus empleados tienen la autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Cañénguez sostiene que se le ha hecho más difícil conseguir trabajadores porque los estadounidenses nativos suelen preferir otros empleos.

“Siento que el gobierno tiene que hacer algo para resolver este problema porque no es pequeño”, indicó.

El empresario de hombros anchos supo que podría tener que marcharse cuando Trump resultó electo a la Casa Blanca. Entonces comenzó a construir dos propiedades en El Salvador, una en la capital y otra en su pueblo, y planea celebrar allá su 25to aniversario de boda cuando regrese junto a su esposa.

Sus tres hijos adultos asumirán las riendas de la empresa constructora. Una hija es residente permanente, mientras que otra hija y el hijo están protegidos de la deportación gracias a un programa para inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños que el entonces presidente Barack Obama lanzó en 2012 y que Trump ha buscado terminar.

Cuando regrese a El Salvador, solicitará una visa estadounidense con la intención de regresar. De no poder, Cañénguez buscará oportunidades económicas en su país y disfrutará de una jubilación anticipada.

“Sigo respetando y admirando siempre a los Estados Unidos por la oportunidad que nos da”, dijo.