SAN DIEGO, CA.- A una semana del plazo para reunificar a las familias de indocumentados separadas en la frontera, el juez Dana Sabraw ata en corto a la Administración Trump con la petición de continuos informes de sus progresos y órdenes que contrarían su prisa por deportar a estos padres e hijos inmigrantes.

Desde que en junio ordenase al Gobierno de Donald Trump la reunificación de los cerca de 3.000 menores que fueron separados de sus progenitores tras cruzar la frontera con México como parte de su política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal, Sabraw no ha cedido a los intentos de la Casa Blanca de dilatar el proceso.

Aunque el magistrado ha considerado que el Gobierno federal actúa “de buena fe” para obedecer su mandato, no ha dudado en remarcar que las fechas que estableció para reunir a todos los menores con sus familias para el próximo día 26 son “firmes”.

Para evitar desviaciones en este plazo, y después de que el Gobierno fallase a la hora de entregar a los 103 niños menores de 5 años a sus padres la pasada semana (solo 57 fueron reunificados), Sabraw ha llenado el calendario de audiencias de seguimiento.

Además de la celebrada este lunes, el juez estableció vistas para vigilar los avances del Gobierno para los próximos días 20, 24 y 27, día en el que espera que el ejecutivo le informe de que han cumplido sus órdenes y haya entregado en fecha a los menores.

Para lograrlo, el Gobierno trabaja a contrarreloj para entregar a 2.551 menores de entre 5 y 17 años antes del 26 de julio.

Y en todas esas citas el Gobierno ha salido con malas noticias y reproches del juez, como cuando este lunes calificó de “irritantes” unos comentarios de Chris Meekins, alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), en los que advertía que al agilizar dicho proceso se ponía en riesgo a los menores.

Mismo escenario cuando el juez ordenó frenar temporalmente las deportaciones de familias recién reunificadas para que éstas tuvieran más tiempo de analizar sus opciones judiciales.

El Gobierno insinuó que esto podría ralentizar el proceso dada la falta de espacio para albergar a tantas familias en detención, pero Sabraw fue enfático en que cualquier demora “no es una opción”. “Si el espacio es un problema, el Gobierno tendrá que hacer espacio”, subrayó.

“El juez ha dejado claro una vez más que el Gobierno tomó a estos niños de forma anticonstitucional y ahora debe hacer todo dentro de su poder para reunificarlos de forma segura y dentro del plazo”, enfatizó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El juez, asignado a la corte federal del distrito sur de California en 2003 por el presidente republicano George W. Bush, es de origen inmigrante, pues su madre es japonesa. Está casado con la también conservadora y recién electa fiscal del condado de San Diego, Summer Stephan.

Quienes conocen su trayectoria consideran que es la persona idónea para un caso de esta relevancia.

“Es una persona justa, muy razonable, no toma decisiones a la ligera, sino que estudia la ley, los argumentos de ambos lados”, dijo a Efe Jesse Navarro, recientemente jubilada tras una carrera de más de cuatro décadas en el área de seguridad pública en San Diego. “Él siempre está del lado de lo que es correcto”, agregó por su parte el exvocero de la Fiscalía del Condado, quien conoce al juez Sabraw desde hace 15 años.

En opinión de abogados la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los demandantes, fue a partir de que el juez se involucró de lleno en el caso y dijo que estaría vigilante cuando se empezó a ver un “progreso” por parte del Gobierno.

Y es que para activistas defensores de derechos humanos este caso sacó a relucir la ausencia de un plan de reunificación. Para prueba, apuntan, está el hecho de que hay más de 70 niños de los que aún se desconoce el paradero de sus padres.

“Eso indica que ya era un plan de no reunificar a estas familias, de simplemente separarlos y eso es lo más preocupante”, consideró Benjamín Prado, activista del Comité de Amigos Americanos en San Diego, quien ha celebrado que, de nuevo, haya sido un tribunal el que ponga freno a una política antiinmigrante de Trump.