MÉXICO.- El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) reveló la práctica sistemática de privación ilegal de la libertad de migrantes indocumentados, al presentar un resumen ejecutivo de su informe “Personas en detención migratoria en México”.

Resultado de una misión de monitoreo a los centros de detención migratoria hecha durante 2016, el informe refleja un “amplio y profundo panorama sobre la situación de las personas en detención migratoria en México, en términos de déficit de garantías jurídicas y acceso a derechos”, destacó el organismo en una rueda de prensa.

Con carácter consultivo y de apoyo del INM, el Consejo Ciudadano destacó que los resultados de la misión subrayan “la necesidad de revertir el actual paradigma de control migratorio” para que la detención sea la excepción y no la norma.

“En todos los centros visitados encontramos que el procedimiento administrativo migratorio está orientado prioritariamente a la deportación o retorno”, dijo Diego Lorente Pérez de Eulate, miembro del Consejo y director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Durante la misión se observó que la base legal para la detención o aseguramiento de migrantes presenta “lagunas en el procedimiento” y además se carece de información en el proceso sobre los derechos de los indocumentados.

Pérez destacó que en ninguna delegación del INM visitada se detectaron acciones para brindar defensa y asistencia legal a los migrantes.

“Hay toda una simulación jurídica para aparentar que se cumplen los garantías jurídicas, cuando todo está enfocado a la detención”, señaló.

Patricia Zamudio, presidenta del Consejo Ciudadano, destacó el complicado panorama de salud que afrontan los migrantes en estos centros. Encaran “condiciones físicas precarias por la falta de espacio” y por el insuficiente personal médico, aseguró.

Calificó igualmente de delicadas sus condiciones de salud mental al presentar cuadros de “ansiedad general” que alcanza altos niveles en el 30 % de ellos, y de depresión, la cual llega a un estado crítico en 32 % de los casos.

El Consejo concluyó su informe con un conjunto de 156 recomendaciones dirigidas al INM y a otras oficinas del Gobierno mexicano que tienen incidencia e influencia para corregir la situación reflejada en el documento.

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el checo Jan Jarab, destacó que el informe “confirma y refuerza” lo que ya saben las organizaciones no gubernamentales “sobre las condiciones de los migrantes” en los centros de detención.

El informe “es una evaluación independiente pero con estatus de oficial” y presenta recomendaciones en las cuales se podría trabajar para mejorar las condiciones de los migrantes, declaró.

Jarab sostuvo que los hallazgos del Consejo Ciudadano implican que México “difícilmente” puede mantener la credibilidad de su crítica a la política migratoria de otros países cuando mantiene una política restrictiva.

“El asunto es estructural y tenemos que replantear la política que hace invisibles y criminaliza a los inmigrantes; es insostenible una política migratoria basada en la detención”, concluyó Miguel Ángel Paz Carrasco, miembro del Consejo Ciudadano.

Entre los países de origen de los migrantes en México, el informe destacó que la mayoría provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque durante la misión detectó migrantes de un total de 19 nacionalidades.

Entre enero de 2014 a diciembre de 2016 el INM deportó a 421.395 migrantes centroamericanos, casi el doble que de 2011 a 2013, cuando la cifra fue 213.636, de acuerdo con el informe “Migrantes en México” elaborado por organizaciones de derechos humanos.