AUSTIN,TX.- La detención de familias solicitantes de asilo en la frontera con México es una situación habitual durante las últimas décadas en EE.UU., una práctica que penaliza a estas personas para permanecer en el país con solo un 8 % que finalmente lo consigue, según reveló hoy un estudio.

Este porcentaje, que aparece en un informe elaborado por el American Immigration Council, contrasta con el 49 % de éxito de los casos en los que las familias fueron puestas en libertad para continuar con el proceso.

Los expertos achacan esta coyuntura a la falta de asesoría legal de quienes permanecen bajo custodia, ya que el acceso a un abogado en cautividad solo se produce en un 53 % de las ocasiones, frente al 76 % de los individuos en libertad que sí disponen de esa posibilidad.

A través de 18.000 casos judiciales de inmigración analizados desde 2001, fecha de apertura de la primera infraestructura exclusiva para la detención familiar, hasta 2016, los expertos reflejan la consolidación de esta práctica frente a otras alternativas para asumir la llegada de familias a la frontera.

“El incremento de las detenciones se ha situado por encima del 3.000 % en los últimos años, con una capacidad actual para acoger a 3.500 familias en cualquier momento; numerosas organizaciones pediátricas han determinado que esta situación es traumática para los niños y sus progenitores”, explicó la directora de Derecho Migratorio y Justicia de la Comisión para Mujeres Refugiadas, Michele Brané.

Por ello, creen que la Administración actual del presidente Donald Trump debe plantear otras opciones como la liberación de las familias o la aplicación de programas intermedios que eviten el internamiento de los menores por un tiempo indefinido.

Brané dijo creer que estas alternativas son “más humanas” y también conllevan “menos costes” para las instituciones, ya que según sus cifras, el precio de mantener a las familias arrestadas es aproximadamente de 329 dólares por día y persona.

Por el contrario, otros programas dedicados a “cuidar la salud física y mental” durante el proceso supone 38 dólares por día y familia, mientras que con la liberación el coste es cero.

Una de las autoras del informe y profesora de Derecho en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Ingrid Eagly, reforzó durante su intervención en conferencia de prensa la opción de optar por la liberación de las familias, debido al “compromiso” de los migrantes con las citaciones oficiales.
El 86 % de los inmigrantes indocumentados liberados, tanto en los casos completos como en los pendientes, asistieron a todas las audiencias judiciales que se produjeron en el período de estudio.

Esta tasa fue aún mayor entre los solicitantes asilo, con el 96 % presentes en sus audiencias ante el tribunal de inmigración.

A pesar de estos números, los expertos no olvidan la actual crisis migratoria provocada por las medidas de “tolerancia cero” aprobadas por Trump, que no solo están lejos de acabar con la detención familiar, sino que “buscan la expansión del tiempo de custodia”.

En junio, el presidente firmó una orden ejecutiva para frenar la separación familiar en la frontera, pero no resolvió cuestiones como el acuerdo extrajudicial conocido como “Flores”, que impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los menores indocumentados detenidos.

La abogada del Dilley Pro Bono Project, Shalyn Fluharty, proporciona asistencia legal a las familias en el Centro Residencial de Detención de South Texas, el más grande del país con capacidad para 2.400 individuos, y considera esta situación como “una experiencia aterradora”.