LOS ÁNGELES, CA .- Más de 400 delincuentes solicitados por las autoridades de Inmigración han quedado en libertad en el Condado de Orange, California, entre enero y mayo de este año, sin que las agencias federales sean notificadas, informó hoy el Departamento del Alguacil del Condado (OCSD).

En una comunicación enviada Efe, la entidad señaló que entre el 1 de enero y el 31 de mayo, 414 delincuentes quedaron en libertad luego de cumplir sus condenas, a pesar de ser solicitados por las autoridades federales.

Según OCSD, esto sucedió como resultado de la vigencia de la ley SB54 (de “estado santuario”) que prohíbe a las autoridades locales informar sobre estos casos a las agencias de inmigración.

“La SB54 proporciona a los criminales la oportunidad de quedar en libertad y regresar a las comunidades a las que ellos mismos acechan y persiguen”, expuso el sub alguacil Don Barnes, del OCSD.

Según el informe presentado hoy, de los delincuentes que quedaron en libertad 45 han vuelto a ser arrestados por cometer delitos graves (80 cargos), entre los cuales se cuentan dos intentos de asesinato, un secuestro por delito sexual, cuatro golpizas a cónyuges, cuatro asaltos con arma mortal y varios accidentes automovilísticos bajo el efecto del alcohol, entre otros.

Al indicar que la comunicación entre las distintas agencias de control de la ley es “la mejor práctica aceptada pública y ampliamente”, Barnes solicitó que se restablezca la posibilidad de información afectada por la ley de “estado santuario”.

“Debemos poder comunicarnos con nuestros otros aliados del control de la ley en temas de seguridad pública. No hacerlo pone en peligro a nuestras comunidades”, advirtió el alguacil.

La SB54, que prohíbe a las autoridades locales colaborar con las agencias federales en la aplicación de las leyes de inmigración, fue demandada legalmente por el condado de Orange y ha recibido el rechazo de los organismos de gobierno de más de una docena ciudades de California.

De igual forma, el Gobierno federal y la ciudad turística de Huntington Beach han presentado sendas demandas legales contra la medida.

Al presentar la ley, el entonces presidente encargado del Senado, el demócrata Kevin de León, argumentó que la medida busca “proteger los valores de California” al igual que a todos los residentes, incluyendo a los indocumentados.

Sin embargo, la SB54 otorga discreción a las autoridades locales para notificar a las agencias federales sobre la puesta en libertad de algunos ofensores graves.

La jefa de Alguaciles de Orange, Sandra Hutchens, decidió “aplicar al máximo esa discreción”, con lo que los alguaciles han transferido 316 ofensores indocumentados condenados por delitos graves a las autoridades de Inmigración.

“Desafortunadamente, este número sólo representa el 43 % de los reclusos con solicitudes de detención de (la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas) ICE”, señaló hoy el OCSD.

Al recordar que los alguaciles no cumplen funciones de inmigración en las calles, Barnes pidió que se notifique a las autoridades locales sobre cada delito que ocurre en la comunidad.

“La única forma de continuar siendo uno de los condados más seguros de la nación es teniendo personas que nos digan cuándo ocurre un delito en su vecindario”, concluyó el oficial.