DENVER (CO).- Los concejales de Denver comenzaron a debatir hoy un proyecto de ley que busca “clarificar” la manera en que las autoridades locales cooperarán con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) luego de meses de tensiones en las cortes y en las cárceles de la capital de Colorado.

La medida es impulsada por los concejales Paul López y Robin Kniech con la meta de “codificar” lo que hasta ahora han sido “prácticas informales” de interacción de policías y alguaciles de Denver con agentes ICE.

La versión inicial puntualiza que esta ley es necesaria porque, cuando las comunidades inmigrantes desconfían de la policía local, todo el sistema de protección comunitaria se perjudica, por ejemplo, cuando los inmigrantes no denuncian crímenes o no reportan emergencias.

Además, dice el proyecto de ley, debido a que la interacción entre ICE y Denver no está establecida oficialmente, esa interacción podría cambiar en cualquier momento sin que el público lo supiese y podría incluso llevar a que policías o alguaciles de Denver participen “más allá de lo que les exige la ley”.

Por eso, según López y Kniech, es necesario “poner por escrito” acciones que Denver ya practica, como el rechazar pedidos de ICE de extender la detención de indocumentados sin antecedentes criminales o no compartir información con el único propósito de hacer cumplir leyes migratorias.

El proyecto explícitamente indica que eso no significa que Denver interferirá con el cumplimiento o implementación de leyes estatales o federales, que dejará de participar en investigaciones relacionadas con terrorismo o con actividades criminales, o que dejará de responder a pedidos emitidos por los jueces.

La nueva ordenanza significa, dice su párrafo final, que los policías o alguaciles de Denver no cooperarán en casos civiles de inmigración, excepto que exista una orden judicial, aunque, como ya lo hace, cooperará en casos criminales como operativos antidrogas.

“Las familias de Denver viven con miedo. ICE invade nuestros lugares seguros, como los hogares y las cortes, y detiene carros sin razones fundamentadas”, afirmó Erin Parks, directora de comunicaciones de Padres y Jóvenes Unidos de Denver, en un documento enviado a Efe.

“Y ese temor se extiende más allá de las familias inmigrantes. Las consecuencias negativas son amplias. Los operativos de ICE son costosos para nuestra ciudad, traumatizan a nuestros niños e incluso causan que no se reporten crímenes”, agregó.

El alcalde de Denver, Michael Hancock, aún no se ha manifestado sobre el proyecto de López y Kniech, aunque en numerosas oportunidades reiteró su solidaridad con los inmigrantes y refugiados locales y aseguró que haría todo lo posible para que Denver “siga siendo una ciudad segura y acogedora”.

La Alcaldía ya ha implementado algunas medidas a favor de los inmigrantes, como resolver ciertas cuestiones judiciales por correo y no en persona, y estudia otras como la creación de un fondo por medio de donaciones privadas para ayudar a la defensa legal de ciertos inmigrantes.

Según el Buró del Censo, el 16 % de los 693.000 habitantes de Denver (es decir, unas 110.000 personas) nació en el extranjero.