TUCSON (AZ).-Un tribunal en Tucson debatía el martes la suerte de un programa de estudios para hispanos que fue prohibido por una ley que ha sido impugnada.

Tom Horne, quien era director de un distrito escolar local, declaró que durante años trató de cancelar el programa de historia de los mexicano-estadounidenses, por considerar que discriminaba a otras culturas.

Horne declaró en el tribunal debido a una demanda interpuesta contra la ley que él creó y que prohíbe los estudios étnicos en instituciones educativas públicas. Los estudiantes del distrito escolar de Tucson denuncian que la ley se ensaña contra los mexicano-estadounidenses y que viola su derecho a la libertad a de expresión.

Horne dice que la ley que redactó es contra todos los programas de estudios étnicos, no sólo los mexicano-estadounidenses. Afirma que los textos están llenos de retórica antiestadounidense y que animan los prejuicios.

El distrito eliminó el programa a comienzos del 2012, lo que llevó a protestas estudiantiles.

Hasta ahora los demás tribunales han ratificado la mayor parte de la ley, pero un juez está ahora considerando si fue promulgada con mala intención.

Horne estuvo a la vanguardia de la lucha contra el programa educativo, el mismo año en que Arizona aprobó una controversial ley de inmigración. Como antiguo fiscal general del estado, ha defendido la ley afirmando que su intención es evitar que se impartan “enseñanzas radicales” en las aulas.

Se prevé que el proceso durará hasta el 25 de julio. Empezó el 26 de junio pero tuvo una pausa de dos semanas y se reanudó el lunes.

La ley del 2010 prohíbe toda enseñanza que promueva el resentimiento contra un pueblo o una raza, que esté orientada principalmente a beneficio de un grupo étnico particular, o que promueva la solidaridad étnica en vez de tomar en cuenta a cada persona como individuo.

Los estudiantes consideran que el curso es importante para reflejar la historia de los mexicano-estadounidenses, y que la prohibición es demasiado amplia y viola la libertad de expresión.

“La trayectoria de esta ley deja en claro que si bien su origen era más amplio, su aplicación fue contra el programa de estudios mexicano-estadounidense”, dijo Jim Quinn, abogado de los demandantes.