LOS ÁNGELES, CA.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió que se desestime el proceso de deportación contra un hispano, debido a que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron la detención sin una orden judicial de por medio.

La organización señaló en un comunicado que el operativo ocurrido el pasado 25 de septiembre en un taller mecánico ubicado en el sur de Los Ángeles, California, y que se saldó con arrestos, fue hecha sin una autorización judicial.

ACLU aludió a grabaciones hechas con las cámaras de seguridad del taller “View Park Automotive”, en las que se ve siete agentes de ICE, fuertemente armados, ingresando al local y ordenando a las personas presentes (el dueño de la tienda, tres mecánicos, un cliente y un vendedor) que levanten las manos, para luego ser esposados.

El demandante, Juan Hernández, que trabajó en la tienda durante siete años como mecánico, fue uno de los detenidos “sin causa probable o incluso sospecha razonable”, de acuerdo a ACLU.

Tras ser trasladado al Centro de Detenciones de Adelanto, Hernández logró la libertad el 31 de octubre luego de pagar una fianza de 5.000 dólares.

El hispano asegura que los agentes no lo interrogaron antes de ser esposado y que un oficial lo revisó y encontró su billetera en un pantalón, donde tenía su licencia de conducir expedida en California.

“La ley es clara: ICE está obligado a respetar sus propios reglamentos y la Constitución en el curso de sus operaciones”, resaltó en la nota de prensa Eva Bitran, abogada de la ACLU del sur de California.

“El enfoque de ICE sobre arrestar primero y después preguntar no solo es ilegal, sino que tiene consecuencias reales y dolorosas para las comunidades y familias como la del señor Hernández”, agregó.

Este no es el único operativo de ICE sin una orden judicial que es captado por una cámara.

En octubre pasado fue difundido un video en el que se observa a agentes de Inmigración arrestando al trabajador de construcción Carlos Bolaños al interior de una vivienda en el estado de Oregon, sin autorización judicial, en un hecho que causó revuelo nacional.

El hombre fue liberado tras la difusión del video y luego de que los dos senadores por Oregon denunciaran el hecho.

ACLU asegura que esta clase de arrestos violan el derecho individual a la privacidad de las personas y el derecho a no ser discriminadas por su raza.

“Frecuentemente escuchamos informes de abusos similares y solo podemos imaginar cuantos más ocurren sin que las víctimas tengan acceso a un abogado o la oportunidad de contar sus historias”, dijo Megan Brewer, abogada de la oficina legal Stacy Tolchin, que colabora con ACLU en la defensa de Hernández.