Sólo horas después de la notificación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que da por terminado el Estatus de Protección Temporal, TPS, para cerca de 200 mil salvadoreños, en el lapso de 18 meses, el movimiento de beneficiarios de este estatus pretende mantenerse en pie de lucha para que se escuche su voz y encontrar una salida definitiva a la situación de limbo legal al que se encaminan.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la decisión de cancelación del TPS en que “ya no existen las condiciones originales causadas” por los devastadores terremotos de 2001 en El Salvador, razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263.282 salvadoreños hasta finales de 2016

El gobierno de El Salvador insistió hoy en su mensaje a sus connacionales en Estados Unidos de mantener la tranquilidad y actuar con cabeza fría tras el anuncio del gobierno del presidente Donald Trump de dar por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) del que gozaban hasta ahora cerca de 200 mil salvadoreños.

En una reunión en la Casa Blanca con unos 25 congresistas y senadores de ambos partidos, Trump anunció que el legislador republicano Bob Goodlatte presentará en los próximos días un proyecto de ley para sustituir el programa DACA, que protegió de la deportación a miles de jóvenes indocumentados apodados “soñadores”

Los senadores demócratas de Virginia, Tim Kaine, de Nueva Jersey, Robert Menéndez, y el representante republicano de Virginia, Don Beyer, creen que el Congreso debe actuar por una “cuestión de valores” para recuperar la credibilidad de Estados Unidos ante el mundo luego de la forma como la administración de Donald Trump está tratando a los inmigrantes; la reacción se dio a conocer tras la decisión de eliminar el TPS para los salvadoreños.

La búsqueda de una solución migratoria para los “soñadores” se ha convertido en un tema clave en las negociaciones presupuestarias a contrarreloj entre el Congreso y la Casa Blanca, que deben producir un acuerdo antes del 19 de enero si se quiere evitar que el Gobierno federal tenga que cerrar parcialmente por falta de fondos