La Casa del Migrante en Tijuana, el Instituto Nacional de Migración (INM) e incluso un traficante de indocumentados coinciden en que en todo el año pasado hubo menos deportados en la frontera mexicana con Baja California pese al cambio de prioridades de deportación de la administración del presidente Donald Trump.

El presidente, Donald Trump, pronosticó que los hispanos y los defensores de los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” acabarán abandonando a los demócratas y “enamorándose” de los republicanos y de él, e insistió en la necesidad de construir el muro con México. Todo dentro del debate por un Dream Act.

En enero de 2018 entra en rigor el Real ID Act, el cual obliga a viajeros en Estados Unidos a usar una licencia de conducción con las nuevas medidas de seguridad que el gobierno impartió. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trasladó la fecha límite al 11 de octubre de 2018 para los estados que aún están incumplimiento las nuevas normas.

Casi dos millones de inmigrantes llegaron a Estados Unidos en 2016, lo que supondría una nueva cifra histórica, según un reporte publicado el 28 de diciembre por el grupo conservador Center for Immigration Studies (CIS), que achaca este aumento a la reunificación familiar.

Un juez federal en Arizona declaró inconstitucional una ley estatal aprobada en 2010 que acabó con los programas de Estudios Mexico-americanos (MAS) en las escuelas públicas de Arizona, una decisión que bloquea de manera permanente la aplicación de esta legislación. En su decisión, el juez federal Wallace Tashima determinó que la ley HB228, que prohibía los programas educativos que “fomenten el odio racial”, no fue aprobada con propósitos educativos, sino por motivos “discriminatorios raciales y propósitos políticos”, los cuales querían terminar ese programa del Distrito Escolar Unificado de Tucson (TUSD), en el sur del estado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México dirigió una recomendación a las autoridades de migración y al Gobierno municipal de Tijuana por la detención y deportación arbitraria de una mexicana con doble nacionalidad a Estados Unidos. Deben reparar el daño según lo estipula la Ley General de Víctimas de México