Un panorama difícil tienen en 2019 más de un millón de indocumentados en EE.UU. beneficiados por programas de amparo que están en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, y que serán estudiados por la Corte Suprema.
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La congresista Debbie Mucarsel-Powell y 326 grupos pro-inmigrantes pidieron a la nueva Cámara de Representantes que aproveche la mayoría demócrata para aprobar un proyecto de ley destinado a proteger a los “soñadores” y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Dos representantes demócratas de la Cámara de Representantes, el reelegido James McGovern, y el recién elegido Jesús “Chuy” García, abogaron por defender los programas migratorios de Acción Diferida (DACA) y de Estatus de Protección Temporal (TPS) con su nuevo control en la Cámara Baja.
Luego de conocerse el anuncio de que el juez federal del distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, ordenó bloquear la decisión del gobierno de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), activistas y beneficiarios se unirán de nuevo en Washington DC el 9 de noviembre para continuar presionando a los legisladores sobre la necesidad de una legislación que regularice su situación migratoria.
Miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) expresaron su beneplácito por la orden de un juez federal de darle continuidad a este beneficio que ha protegido de la deportación a más de 300 mil personas desde hace unos 20 años, en anuncio hecho público el 3 de octubre pasado, pero aún no hay ninguna acción que puedan hacer.
Tras el fallo preliminar de un juez que ordena a la Administración Trump mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS), miles de nicaragüenses amparados por el programa esperan que el Gobierno dé las nuevas guías para renovar su permiso de trabajo, que expira en tres meses.
Un juez federal estadounidense bloqueó el 3 de octubre la suspensión ordenada por el Gobierno de Donald Trump de los programas migratorios Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán, de los que se benefician más de 300.000 personas.
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, rechazó hoy en la ONU la “criminalización de los migrantes” y urgió a Estados Unidos a agilizar la reunificación de menores separados de sus familias en la frontera.
Un grupo de inmigrantes residentes bajo el programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) pidió a la Justicia que suspenda temporalmente la orden de cancelación del mismo por parte del Gobierno.
El congresista republicano Mike Coffman presentó hoy un proyecto de ley que extendería el programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los países que son beneficiarios de él hasta el 15 de septiembre de 2021.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autorizó la extensión de la Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), para ciudadanos salvadoreños en los Estados Unidos amparados bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).
Una coalición de dieciocho estados apoyó hoy una demanda que pide frenar la deportación de cientos de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) después de que el amparo migratorio expire.
Una caravana por la “justicia” emprendió el fin de semana viaje desde Los Ángeles, California, a Washington DC., con el fin de buscar apoyo político para que los que van a perder el Estatus de Protección Temporal (TPS) por decisión de la Administración Trump, puedan obtener la residencia permanente.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de residencia de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales
A pesar de las evaluaciones de los expertos, el Departamento de Seguridad Nacional decidió suspender el estatus legal de unos 2.500 nicaragüenses y más de 50.000 haitianos en noviembre de 2017, seguido de la terminación del TPS para más de 257.000 salvadoreños y hondureños en enero y mayo de este año
La jefa de la diplomacia de Honduras indicó que los hondureños amparados por el TPS son personas que “cumplen la ley, aportan a la sociedad de Estados Unidos, generan empleo y pagan impuestos”.
El juez Edward Chen, los demandantes de la suspensión del TPS pueden solicitar “una explicación razonable” para la cancelación del beneficio y que los hijos ciudadanos de los beneficiarios del TPS tienen el derecho de permanecer en el país bajo la tutela de sus padres.
El arzobispo y grupos proinmigrantes hicieron hoy en Miami un llamado a los congresistas a no cejar en la búsqueda de una “solución política para la crisis humanitaria” que se avecina con el anunciado fin del TPS para inmigrantes de seis naciones
El Gobierno de Estados Unidos anunció el 4 de mayo el fin del TPS para Honduras y dio un margen de 18 meses a sus beneficiarios para que regresen a su país o busquen otra vía para regularizar su situación migratoria
El padre de tres hijos que llegó a este país prácticamente sin nada volverá como el propietario de una empresa constructora con docenas de empleados, la capacidad de adquirir dos propiedades en su país y jubilarse parcialmente a los 45 años de edad