Se estima que unos 45.000 inmigrantes que residen y trabajan en el condado fronterizo empezarían a perder su estatus de protección legal una vez que llegue la fecha límite impuesta por el presidente, Donald Trump, que dejó la decisión final sobre el programa DACA en manos del Congreso, y éste debe anunciarla antes del 5 de marzo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, instancia  adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, sigue con preocupación numerosas denuncias de defensores de inmigrantes en Estados Unidos,  sobre quienes ha recaído supuestas represalias que podrían estar vinculadas a su trabajo de defensa de los indocumentados y sus familias.