Con sabor “agridulce” calificaron los “dreamers” en Arizona la llegada del 5 de marzo, plazo que dio el presidente Donald Trump al Congreso para aprobar una legislación dirigida a los protegidos bajo el programa de Acción Diferida (DACA), sin resultados, y que se encuentra vigente gracias a las recientes decisiones de los tribunales en San Francisco y Nueva York.

Carlos García, director de Puente en Arizona, aseguró que las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde dictamina que los funcionarios de inmigración pueden retener a las personas indefinidamente, sin recibir audiencias de fianza, convierte a los centros de detención en “campos de concentración” para miles de migrantes.