El juez federal William Alsup escuchó los argumentos orales de las demandas que enfrenta el Gobierno, tras eliminar en septiembre pasado este programa que protegía a más de 800.000 jóvenes indocumentados, y reconoció que desde entonces las dificultades que enfrentan los beneficiarios son “reales” y “palpables”

Un grupo de expertos citados por el Centro Woodrow Wilson en Washington DC revisó las perspectivas para el Triangulo Norte de Centroamérica cuyos dos países con los mayores índices de violencia están en incertidumbre de culminar el Estatus de Protección Temporal, TPS, del que son beneficiarios cerca de 300 mil inmigrantes entre salvadoreños y hondureños.