WASHINGTON, DC. – La cruel decisión del presidente Trump de poner fin al popular y exitoso programa de Acción Diferida para Quienes Llegaron en la Infancia (DACA) ha arrojado al caos y a la incertidumbre las vidas y el futuro de unos 800,000 beneficiarios. Mientras que la mayoría de analistas se está enfocando en la fecha límite del 5 de marzo de 2018, el plazo que ejerce mayor presión a una cuarta parte de los beneficiarios de DACA es el 5 de octubre de 2017, que se acerca rápidamente.
Para 154,000 beneficiarios de DACA, que tienen fecha de expiración del programa entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, la nueva y arbitraria fecha límite del 5 de octubre para renovar la solicitud es de suma importancia. En respuesta a una inventada fecha límite establecida por Texas y a la terminación de DACA, el DHS creó toda una serie de plazos artificiales de enorme significado para más de 150,000 beneficiarios de DACA a lo largo de Estados Unidos. Tienen que reunir $495 para pagar la cuota y llenar el papeleo perfectamente, con el fin de lograr la renovación. Si no saben de la nueva fecha límite o no pueden reunir los fondos, e incluso si se equivocan en la solicitud, estarán en problemas.
Además, unos 160,000 beneficiarios de DACA viven en los estados de Florida y Texas, ambos devastados por huracanes. Muchas de estas personas han sido obligadas a reubicarse temporalmente, mientras que la prioridad de otras es lidiar con las consecuencias de esos desastres naturales y no con la inminente fecha límite para la renovación de DACA.
Qué está en juego: Sin la inmediata acción para apoyar a quienes solicitan la renovación o, como mínimo, una reconsideración del plazo del 5 de octubre por parte del gobierno de Trump, decenas de miles de Dreamers serán enviados a las sombras y potencialmente expuestos a la deportación en cuestión de semanas.
El juez federal Nicholas G. Garaufis, quien atiende en Brooklyn dos casos pendientes que desafían el fin de DACA, sugirió durante una audiencia el 14 de septiembre que el inminente plazo del 5 de octubre debe ser extendido, haciendo notar que “tendría mucho sentido desde varios puntos de ventaja ampliar esa fecha límite… No hay daño alguno, desde el punto de vista de esta corte, en permitir que el proceso legislativo avance y extienda el plazo”. A pesar de la importante evaluación del juez Garaufis, la urgente necesidad de extender el plazo de renovación de DACA más allá del 5 de octubre no debe ser solamente obtenido a fuerza por la rama judicial.
El plazo del 5 de octubre es cruel, arbitrario e inviable. En tanto se acerca la fecha límite rápidamente, hacemos un llamado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a:
- Extender el plazo de la renovación de DACA hasta, al menos, el 5 de enero de 2018;
- Informar a cada beneficiario de DACA alrededor del país, mediante una carta registrada, sobre el cambio en esta política y sobre los requisitos y plazos; y
- Colocar mesas en todas las oficinas del DHS/USCIS durante la última semana antes del vencimiento del plazo para recibir solicitudes de DACA completadas con estampillas y recibos indicando el tiempo, a fin de facilitar el envío de la renovación y minimizar el caos durante la aglomeración final antes de la fecha límite.
Terminar DACA costará unos 700,000 empleos y más de $2 mil millones al año en recaudación de impuestos. Obligará a trabajadores altamente productivos y capacitados a ocultarse, dañando empresas estadounidenses y empobreciendo a nuestras comunidades, pues 97% de los beneficiarios de DACA tienen empleo o están en la escuela, pagan impuestos y contribuyen a nuestra economía. Es por ello que DACA tiene un apoyo abrumador entre empleadores, educadores, líderes políticos y religiosos, así como entre votantes. Ampliar el plazo del 5 de octubre de 2017 es lo más adecuado y sensato.