Inmigración

El Gobierno de EE.UU. apela el bloqueo de la Justicia a las restricciones para pedir asilo

Caravana de migrantes retoma su marcha hacia Estados Unidos de forma dispersa

Migrantes centroamericanos caminan el domingo 11 de noviembre de 2018, en Guadalajara, estado de Jalisco (México). De manera dispersa, la caravana de migrantes centroamericanos llega a Tijuana para pedir asilo en EE.UU., situación que se ha complicado en los últimos días. Foto archivo EFE/Francisco Guasco

San Francisco, CA.-  El Gobierno de Estados Unidos presentó este martes 27 un recurso de apelación para que la Justicia retire la orden de bloqueo a la normativa promovida desde el Ejecutivo que restringiría sustancialmente las opciones de los migrantes para pedir asilo en el país.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa en su escrito al juez que tomó la decisión de “menoscabar los esfuerzos del presidente Donald Trump para que la gente que se traslada en caravanas a través de México sigan las leyes estadounidenses”.

Según la apelación presentada por los abogados del Gobierno federal, el bloqueo contribuye a que los migrantes “se pongan en peligro a sí mismos al cruzar de forma ilegal a EE.UU.”, en lugar de hacerlo por los puertos de entrada designados.

La Casa Blanca adelantó además que, en caso de que el magistrado que lleva el caso en una corte federal de San Francisco (California), Jon Tigar, no haya levantado el bloqueo este miércoles, elevará el asunto a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

El pasado 9 de noviembre, Trump firmó una orden presidencial que de facto implicaba que aquellos inmigrantes que entren a EE.UU. por la frontera con México de forma irregular no tengan opción de pedir asilo, como ya había anunciado que haría él mismo durante la semana previa a las elecciones legislativas el pasado día 6.

La misma jornada en que Trump suscribió la orden, vigente durante al menos 90 días, distintos grupos defensores de derechos humanos demandaron al Gobierno solicitando a la Justicia la suspensión preventiva de la regulación.

El Gobierno se había escudado en la misma prerrogativa utilizada para establecer un veto migratorio sobre países de mayoría musulmana en 2017, un paso que sí fue respaldado por el Tribunal Supremo.

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