LOS ÁNGELES, CA.- Los jóvenes amparados por la Acción Diferida (DACA) esperan con gran expectativa el fallo que debe emitir el juez federal Andrew Hanen, quien ve una demanda presentada por una coalición de siete estados para cerrar este programa.

Tanto estos estados, liderados por Texas, así como la organización MALDEF, que defienden el programa que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron en la infancia, presentaron anoche un escrito con sus argumentos finales, los cuales serán evaluados por Hanen, quien ya en 2015 bloqueó la expansión de DACA y otro que beneficiaba a sus padres.

“Es una constante zozobra la que estamos viviendo especialmente aquellos que no hemos podido renovar el permiso de trabajo, y ganar tiempo para sostenernos en esta lucha”, dijo a Efe Angélica Villalobos, soñadora y activista que reside en el estado de Oklahoma.

El magistrado crearía una batalla legal sin precedentes si es que falla a favor del fin del programa, creado durante la Presidencia de Barack Obama (2009-2017).

Tres jueces federales, en California, Nueva York y Washington, han ordenado restablecer DACA argumentando que el Gobierno Trump realizó la cancelación de “forma indebida”.

Si Hanen da la razón a la coalición de siete estados, cuya defensa lidera el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, produciría una encrucijada legal que previsiblemente tendría que dirimir el Tribunal Supremo, según opinó en declaraciones a Efe Geoffrey Hoffman, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Houston.

“Esto pondría al Departamento de Seguridad Nacional en una situación paradójica, sin saber que orden obedecer. También crearía lo que se llama una ‘división del circuito’ y la cuestión tendría que ser decidida por el Supremo”, ahondó el académico.

Villalobos, a quien se le vence su permiso de trabajo en octubre del próximo año, culpa a la Administración Trump y a los republicanos por crear este lío judicial que mantiene en vilo a cerca de 690.000 “soñadores”, como se conoce a los amparados por DACA.

“Como la separación de familias en la frontera, este es un problema que inventó Trump”, sostiene.

A pesar de los antecedentes de Hanen, activistas como César Espinoza, de la organización Familia Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), en Texas, se muestran positivos y esperan que el juez considere todos los méritos de este caso y permita que DACA continúe.

“Lo que realmente necesitamos que es una solución permanente para los soñadores y sus familias”, aseveró Espinoza.

La defensa de DACA en este litigio la encabeza El Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que representa a 20 soñadores.

Nina Perales, vicepresidente de litigios de esta organización, coincide con el optimismo de Espinoza y aseguró que los demandantes mostraron en la corte grandes lagunas al no poder demostrar que DACA ha causado un daño a las políticas estatales.

La abogada destacó que también pesa el hecho que Texas y sus seis aliados se hayan demorado años para desafiar la orden ejecutiva, anunciada en junio de 2012.

Hoffman va más allá y vislumbra la posibilidad que el Tribunal Supremo pueda fallar a favor de los soñadores.

“El Tribunal encontrará que debe seguir la Ley de Procedimiento Administrativo, y en última instancia defender el programa DACA”, manifestó.

No obstante, decenas de familias de soñadores como la del mexicano Horacio Sánchez esperan que la batalla legal no llegue tan lejos.

El inmigrante tiene un hijo favorecido con DACA, y otra hija que ya califica para poder inscribirse como nueva beneficiaria y está esperando que llegue el 23 de agosto, fecha en que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) debería recibir nuevas inscripciones tras el reciente fallo del juez de Washington John Bates.

“Es un montaña rusa, hoy si, mañana que ya no, están jugando con una cosa muy seria, y ya estoy es confundido”, reveló Sánchez, de 56 años.

Villalobos, madre de cinco hijos, mantiene sus reservas con el juez Hanen y cree que los esfuerzos de los soñadores se deben enfocar en las elecciones de noviembre, además de exigir que se encuentre una legalización de los “soñadores” indemne a las cortes.

“La residencia con camino a la ciudadanía nos evitaría todo esto”, señaló.